Primera de DIEZ notas a propósito del Real-Decreto
ley 16/2012 de medidas urgentes para el Sistema
Nacional de Salud
Artículo publicado en Diari ARA, 4 de mayo de 2012
La presión por ahorrar recursos
públicos mediante recortes indiscriminados a diestro y siniestro se está
concentrando de forma excesiva y precipitada sobre el Sistema Nacional de Salud
(SNS), sin más justificación que la de que no queda más remedio que meter mano
allí donde hay dinero.
La presión que se está ejerciendo
sobre la sanidad es muy cuestionable. La presión es doble e insostenible para
la sanidad catalana, con un gasto por persona por debajo de la media y ya
crónicamente ahogada por el déficit fiscal.
Ante la reforma sanitaria de
urgencia y con poca luz que supone el Real Decreto-ley 16/2012, hay buenas y
malas noticias para contribuyentes y pacientes.
La primera “buena” noticia para
los ciudadanos es que las 35 páginas del BOE consumidas por el Real Decreto-ley
del 24 de abril no servirán para recortar ni de lejos los más de
7 mil millones de euros pregonados como prueba de austeridad.
Esta cifra de siete mil millones representaría
un poco menos del 10% del gasto sanitario público, pero es fantasiosa y alejada
del más mínimo rigor y justificación técnica. Las Comunidades harán mucho si
consiguen realizar una décima parte del ahorro previsto con estas medidas. Así,
el Estado no pone fin al riesgo
moral estatal del “yo invito, tu pagas” y busca coartada para acusar a las
Comunidades de incumplir con los compromisos fiscales, antesala de la
intervención centralizadora con la que viene amenazando el gobierno.
La mala noticia es la falta de
credibilidad de los anuncios reiterados de austeridad que, lejos de reducir la
prima de riesgo, aumenta la desconfianza en la capacidad del gobierno español.
La segunda “buena” noticia es que
se reconoce que un derecho universal no implica la absoluta gratuidad ni quiere
decir servicios completamente gratis, ni cuanto más mejor para todos. Algunos
sólo ven líneas rojas que no se deberían traspasar ante cualquier cambio,
olvidando que nada es gratis y que precisamente la capacidad de conseguir un
uso adecuado y responsable de los servicios públicos más eficaces es la
garantía de continuidad y de calidad.
La mala noticia puede ser la
tentación política de favorecer un copago elevado y complejo con el único
objetivo de hacer caja. Moderar el exceso de uso requiere un copago moderado,
sea sobre medicamentos o sobre atención,
con un límite máximo anual para cualquier persona, y mucho más reducido o
gratuito para crónicos y pobres. Si incumplen estas condiciones, empeora el
estado de salud y es mayor el gasto que el ahorro.
Será contraproducente reformar el
copago farmacéutico sin antes saber gestionar el límite al copago de los
pensionistas sin necesidad de costosos e inútiles devoluciones semestrales. Lo
será aún más si se amplía el copago a otros servicios, desde muletas hasta estancias
en el hospital, y sin límite máximo para los enfermos no pensionistas. Es arriesgado,
carente de sentido financiero y síntoma de desesperación pretender imponer un copago
del 100% para los medicamentos de enfermos con rentas salariales más
elevadas, que no son los más ricos, olvidando que la progresividad debe
provenir del sistema fiscal y no de los precios públicos.
Queda por ver si los cambios
adoptados cumplirán con el objetivo de contribuir a la solvencia y
sostenibilidad, o bien, si se aprovecharán para reducir la igualdad de acceso
para una misma necesidad y el nivel de calidad de la atención prestada.
A los amantes del status quo
actual del SNS a ultranza, basta recordar que hay más de una línea roja en
sanidad. La traspasamos cuando se niega el derecho a una atención efectiva a
los más desfavorecidos. Pero la traspasamos también cuando nos gastamos el
dinero en atención de alto coste para el contribuyente y dudoso valor
terapéutico para el paciente. En ambos casos, el precio que pagamos adopta la
forma de más listas de espera, muertes prematuras y sanitariamente evitables, y
menos calidad y años de vida para los que más lo necesitan.
El texto que el gobierno ha
“colado” en el BOE carece de cualquier elemento que justifique su carácter de urgencia.
La reforma contiene elementos que apuntan a toda una reforma sanitaria en parte
encubierta, siendo del todo cuestionable la urgencia y falta de luz pública en
la que se ampara. Una mayoría parlamentaria no puede servir para deslegitimar
el proceso democrático para la reforma de políticas públicas ni justificar la clamorosa
y sospechosa ausencia de transparencia y discusión parlamentaria y social de
las medidas.
Entrevista relacionada con las recientes reformas sanitarias del RDL 16/2012 en LA VOZ DE GALICIA, 4 de mayo de 2012
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